Transición VS la Cuarta Transformación, una negociación

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El peso de la existencia real y efectiva de los problemas nacionales emerge como punta de iceberg de las realidades de la violencia, la deuda y la corrupción, que no cambiaron las urnas. Efectivamente, sin duda alguna, las dificultades saltan como aguafiestas de las expectativas de cambios claros y seguros de la Cuarta Transformación que premió el voto mayoritario. La realidad aprieta y reclama soluciones en un país polarizado y con pocos consensos, a pesar de la cómoda mayoría política del próximo gobierno de López Obrador.

A medida que se acerca su asunción, aumenta la exigencia de definiciones sobre los principales problemas del país. Se estrecha el margen para quitarse de encima conflictos espinosos de la tarea de gobernar y acomodar el discurso a lo que cada audiencia quiere escuchar como cabe en la campaña electoral. Las salidas retóricas y narrativas fáciles de “bancarrota”, “chivo expiatorio” y la crítica a medios fifís se comienza a ver como discurso errático y evasivo, que puede desgastar inútilmente el bono democrático antes de llegar al poder.

La transición de gobierno ordenada que pactaron el presidente electo y el saliente Peña Nieto ha facilitado el discurso de reconciliación y concordia, pero su verdadero desafío es la construcción de consensos más allá de mayorías legislativas y de conciliación con la realidad en el mundo de lo políticamente “posible”.

Pero las controversias en el debate público de la última semana también muestran la persistencia del encono del proceso electoral y, sobre todo, el desafío de poner de acuerdo un país que se dice “sobrediagnósticado”, pero para el cual no hay una, sino varias soluciones a los problemas. Precisamente, el triunfo de López Obrador es el reclamo de nuevas respuestas que trasciendan ya la crítica antisistema, que ahora podrá implementar si realmente las tiene en cuestiones donde se rompieron los consensos, si algún día los hubo, como la política de seguridad, anticorrupción o educación.

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Las diferencias asoman rápido, también las inconsistencias. Los ejemplos se acumulan. La Reforma Educativa va para abajo sin saber que es rescatable de la iniciativa con mayor consenso político de los últimos tiempos y del rechazo de los empresarios a su cancelación.

El país no ha podido decidir en dos décadas sobre el NAIM y tampoco hay una definición, sino una consulta poco clara para una obra en marcha. Acabar con la corrupción está en la mascarilla de proa del próximo gobierno, pero desestima investigar denuncias contra Rosario Robles y tampoco fija postura sobre el Sistema Anticorrupción.

Respecto al mayor reto, el plan de pacificación sigue un camino confuso entre ubicar a las víctimas como un problema de seguridad o de gobernabilidad. La confección de la política de seguridad lleva un sentido errático y apuesta igual que anteriores gobiernos al Ejército para atacar al crimen, mientras ofrece esquemas de justicia que apuntan a desvelar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en violaciones de derechos humanos.

El contraste de visiones sobre el estado de las finanzas es otra muestra de incomunicación entre la realidad y el discurso político; o de ajuste de compromisos a las posibilidades “humanas” de cumplirlos. Si el país estuviera en “bancarrota”, como dice López Obrador, sería difícil de ocultar, por ejemplo, a las calificadoras internacionales, si sólo fuera coartada para rebajar expectativas, sería una estrategia riesgosa de esas que se vuelven profecías autocumplidas. Ése es el temor que, otra vez, asoma entre el 60% de la población que no votó por Morena.

Al próximo gobierno no se le puede exigir como si ya hubiese asumido el poder, pero sí recordarle que está a sólo dos meses. Y que como recordó el propio López Obrador a los legisladores de Morena, los tiempos de campaña pasaron y ahora el reto es asumirse como gobierno porque ya no serán oposición.

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