Todos coludos o todos rabones, por el bien de la democracia

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En México se decidió financiar a los partidos políticos con recursos públicos por considerarlos “entidades de interés público”. Con esto se evita que intereses privados definan su orientación ideológica y su comportamiento. Además, cosa de suma importancia, que no entre en ellos dinero de la delincuencia organizada.

El INE envió una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, en la que puso a disposición de ese órgano colegiado su experiencia y capacidad técnica para la eventual reforma electoral y ajustes presupuestales. En esa misiva se lee que el INE está comprometido “con el ejercicio racional y responsable de los recursos públicos, y consideramos que las medidas que se tomen en esa dirección deben basarse en un análisis cuidadoso de la experiencia para no entorpecer o dificultar la realización de las funciones del Estado encargadas a esta institución”. En este documento los consejeros, encabezados por Lorenzo Córdova, refrendaron el pleno respeto a las atribuciones del Poder Legislativo para modificar el marco legal; empero también pidieron que, en materia electoral, se les tome en cuenta.

El motivo de este pronunciamiento del INE, al parecer, es el deseo por parte del partido Morena de reducir los recursos públicos asignados a los partidos políticos. De ser cierta esta versión se trataría de un verdadero y propio error. Las huestes de Andrés Manuel López Obrador no están tomando en cuenta los antecedentes; o sea, por qué se optó por este modelo de financiamiento y no por el modelo norteamericano que deja en manos de los partidos políticos el acopio de dinero para financiar sus campañas políticas.

Pero además, hay otra cosa de suma importancia: en vista de los resultados electorales del pasado 1 de julio en los que fue contundente la victoria del partido Morena, los demás partidos políticos bajaron su porcentaje de votos y, en consecuencia, quedarán afectados en el reparto de recurso. Si a esto agregamos el deseo del partido vencedor de reducir el monto de recursos destinados a los institutos políticos, tendremos por resultado que el sistema político mexicano, y, en consecuencia, la democracia mexicana, serán gravemente afectados.

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Hay que decirlo con todas sus letras: querer reducir el presupuesto de los partidos políticos es una forma velada de fortalecer el poder presidencial, debilitar el sistema de partidos y afectar a la democracia mexicana. Una verdadera reforma electoral a lo que debería avocarse es a resolver el error que cometieron los legisladores cuando hicieron la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe): dejaron un hueco de varias semanas entre las precampañas y campañas; un impasse que se notó a la hora de que al poner en práctica el artículo 226 inciso a) de esa norma que ordena: “Durante los procesos electorales federales en los que se renueven el titular del Poder Ejecutivo Federal y las dos Cámaras del Congreso de la Unión las precampañas darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección. No podrán durar más de sesenta días.

Además, el artículo 251 de la Legipe prescribe: “Las campañas electorales para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados en el año que corresponda, tendrán una duración de noventa días.” Échele usted cuentas. Si las precampañas duran sesenta días eso significa que se extendieron hasta el 13 de enero; y si las campañas tiene un plazo de noventa días antes de los comicios que tuvieron lugar el 1 de julio, eso representó que entraron en actividad el 1 de abril. O sea, parte de enero, febrero y marzo quedamos en el limbo. Es una aberración. En realidad, las maquinarias propagandísticas de los candidatos siguieron trabajando.

Otro asunto que los ciudadanos pedimos a gritos que se cambie es la andanada de mensajes publicitarios. Durante las precampañas nos tuvimos que “soplar” 11 millones 184 mil spots. Y en el período de campañas nos recetaron 23 millones de spots. Es decir, si los legisladores, de verdad, quieren hacer algo por los ciudadanos y mejorar nuestra democracia deben detener este desvarío. Suplir esos mensajes insulsos por debates y propuestas de los partidos y candidatos. Darles espacio a las ideas y no a las ocurrencias. Hacer a un lado el marketing y poner a la política del diálogo en el centro de la escena.

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Una última cuestión: en el numeral 3 del inciso c) del artículo 226 de la Legipe se lee: “Los precandidatos o candidatos a cargos de elección popular que participen en los procesos de selección interna convocados por cada partido no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas; la violación de esta disposición se sancionará con la negativa de registro como precandidato.”

Todos fuimos testigos de que López Obrador anduvo en campaña desde mucho antes de que comenzaran los tiempos electorales formalmente establecidos, así es que debió de haber sido sancionado, como dispone esta artículo, con la negativa de su registro. Alguien le tuvo miedo y fue omiso. Violando la ley ahora es Presidente Electo.


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One Comment

  • A mi parecer ha sido una muy buena iniciativa, esperando que se lleve a práctica, por qué se ha visto que la delincuencia organizada tiene mucha empatía con los partidos políticos, también el apoyo del gobierno con muy alto presupuesto de dinero, al final toda la propaganda se va a la basura, lo importante son las propuestas. Ya basta de partidos políticos ricos y pueblo pobre

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